Tras la sanción del proyecto de ley que pretendía crear juzgados y tribunales especializados en violencia contra la mujer, las senadoras Lilian Samaniego (ANR, disidente), Esperanza Martínez (FG) y el senador Rafael Filizzola (PDP) pidieron al presidente Santiago Peña vetar el proyecto de ley de creación de la Familia y alertaron del caos jurídico que se generará con la aplicación de la norma.
Con un dudoso quórum, ayer el cartismo y sus aliados rechazó la creación de juzgados especializados en violencia contra la mujer y sancionó la cuestionada versión de la Cámara de Diputados, que desvirtúa la iniciativa y crea “Tribunales especializados en violencia familiar”. El bloque cartista se opuso, pese a que dos de sus principales referentes fueron firmantes del proyecto de ley, entre ellos, el presidente del Senado, Basilio “Bachi” Núñez y el líder de la bancada cartista Natalicio Chase.
La senadora Lilian Samaniego (ANR, independiente) dijo que, a consecuencia de la la decisión de sus colegas, no solamente las mujeres vuelven al pasado, sino que el Paraguay sufre un retroceso y pidió al presidente de la República, Santiago Peña, vetar el proyecto de ley recientemente sancionado. En ese mismo sentido, la senadora Esperanza Martínez (FG) indicó que la normativa tiene un problema de fondo y de forma.
El senador Rafael Filizzola (PDP) recordó que, en primera vuelta, el Senado aprobó por casi unanimidad el proyecto de ley que crea un juzgado y tribunal especializados en violencia contra la mujer, pero cuestionó que en la Cámara de Diputados, de forma aviesa e intencional, mate la normativa convirtiendola en un proyecto inviable.
El parlamentario alertó del caos jurídico que se generará si se aplica el proyecto de ley que crea los juzgados y tribunales especializados en violencia familiar. Mencionó que el texto de Diputados va a generar un caos jurídico inmenso porque se va a mezclar la violencia contra la mujer, niñez que tienen legislaciones y convenios diferentes.
El proyecto fue consensuado con la Corte y 17 instituciones, dicen
Samaniego mencionó que el proyecto de ley fue producto de un arduo trabajo que se consensuó, que tiene el visto bueno y la aceptación de la Corte Suprema de Justicia, la Defensoría Pública, el Ministerio Público, el Ministerio de la Mujer y de 17 instituciones.
Mencionó que la creación de juzgados y tribunales especializados en violencia contra la mujer era el complemento para la Ley 5777/16 de protección integral contra toda forma de violencia contra la mujer, que fue una lucha de años de distintos sectores políticos.
Mencionó que existen 37.000 causas acumuladas, siete casos de feminicidios y 13 tentativas de feminicidio, en lo que va del año. Mientras que en el 2024 se cerró la estadística con 43 víctimas por feminicidio, que dejó a 65 huérfanos. “¿Ustedes saben cómo van a crecer esos niños?”, dijo y recordó la súplica de los jueces de paz para que el Congreso cree la herramienta jurídica para que ellos puedan actuar y dar celeridad a las denuncias reales y desestimar a las denuncias falsas.
La senadora colorada explicó por qué la versión de Diputados, que fue sancionada, desvirtuó la esencia del proyecto de ley. “Se desvirtúa porque hablan de la familia. Nosotros somos profamilia. Nosotros tenemos en la legislación vigente el código de la niñez y la adolescencia. Las que no tienen protección son las mujeres”, sostuvo.
Indicó que el proyecto no solamente se circunscribe a lo familiar, sino que existe la violencia política, en la calle, en la laboral, psicológica, física y violencia intrafamiliar. “Se trata de la defensa integral hacia la mujer, que es lo que buscábamos”, dijo y lamentó que los que apoyaban firmando el proyecto, hoy se hayan opuesto, en alusión a Bachi Núñez y a Chase.
De 33 mil causas paradas, sólo 600 llegan a tener sentencia, lamentan
La senadora Esperanza Martínez (FG) dijo que las mujeres que sufren violencia de por sí tienen miedo a entrar al sistema judicial, muchas que no realizan la denuncia y, las pocas que llegan, nunca ven la justicia. “Hay 34.000 expedientes parados, de los cuales 5.000 llegan a entrar en un proceso judicial y sólo 600 llegan a tener sentencia. “Eso habla de la gravedad del problema”, sostuvo.
Mencionó el caso de la funcionaria del INTN que fue abofeteada por el abogado Walter Acosta, quien luego terminó siendo imputado por coacción, coacción grave y resistencia. “¿Qué pasa cuando no hay una cuestión especializada? Esta chica tendría que irse por agresión física, que probablemente tiene un tratamiento menor a lo que hoy tendría la agresión hacia las mujeres”, indicó la parlamentaria.
