Los ministros de Defensa Nacional y del Interior aceptaron limitar los descuentos convencionales que tienen sus empleados y que estos vayan entrando por orden, para que los funcionarios no se queden en “saldo cero”. El senador Rafael Filizzola recordó que solo hasta el 25% del salario se puede descontar.
La Comisión de Investigación del Senado, que aborda la trama de la mafia de los pagarés, avanza en su segunda etapa, ya que se está logrando que instituciones del Estado se comprometan a limitar descuentos convencionales (no judiciales) de sus trabajadores, que los dejan incluso con saldo cero.
Hoy comparecieron los ministros del Interior, Enrique Riera, y el de Defensa Nacional, Óscar González, en la reunión con la comisión.
Ambos “se mostraron predispuestos” a sacar resoluciones suspendiendo los descuentos de sus funcionarios, “porque finalmente el Estado no tiene por qué hacer de agencia de cobranza”, explicó el senador Rafael Filizzola, presidente de la comisión.
En la primera etapa, el comité del Senado se abocó a hablar con los actores del sistema de Justicia (Fiscalía y Corte), a fin de abordar el tema de los descuentos judiciales, es decir, los embargos.
En la segunda fase, “estamos trabajando los llamados descuentos convencionales, es decir, cuando el funcionario autoriza a que se le descuenten determinadas cantidades por una compra”, sostuvo Filizzola.
Estos descuentos, según ley, no deben exceder el 25% del salario de cada funcionario, “por lo tanto, la dirección administrativa debe tomar las medidas para que eso no ocurra”, según explicó el senador.
Hoy sigue habiendo casos de víctimas a las que se les descuenta más de ese porcentaje, por lo que hay funcionarios que quedan con saldo cero.
Se habló en la reunión sobre si hay varios descuentos que tiene el empleado, que estos vayan entrando por orden y no todos juntos.
Faltaron a la reunión
Quienes no asistieron a la convocatoria fueron los titulares del Ministerio de Educación y Ciencias, Luis Fernando Ramírez, y de Salud, la ministra María Teresa Barán.
Ambas instituciones son justamente las que tienen el mayor porcentaje de víctimas afectadas por la mafia de los pagarés.
