Rafael Filizzola señaló que Lorenzo Lezcano no movió un “dedo” para accionar contra Sebastián Marset. Filizzola recordó que la causa contra Lezcano está cajoneada. La denuncia lo hacía responsable por ataque a Marcelo Pecci.
En su cuenta de X, Rafael Filizzola compartió documentos que muestran una investigación sobre las acciones del fiscal Lorenzo Lezcano que no corrieron. En la denuncia también se incluye a la ex fiscala general Sandra Quiñónez.
“El fiscal Lorenzo Lezcano —ex ministro del Interior y de Inteligencia durante el gobierno de Cartes— no movió un solo dedo cuando el Comando Tripartito ya había alertado sobre Sebastián Marset y su organización”, escribió el senador y ex ministro del Interior Rafael Filizzola.
Filizzola recordó que “incluso había seguimientos en curso. No hizo ninguna diligencia y el narco uruguayo se escapó", señaló.
El político dijo que hoy Marset figura entre los más buscados por la DEA y " ¿cómo puede ser que Lezcano siga siendo fiscal?”, se preguntó.
Filizzola compartió también las acciones por este caso que no siguieron el procedimiento y estarían cajoneadas.
“Para colmo, el Ministerio Público cajoneó la denuncia penal presentada por el Senado a instancias de la ex senadora Desirée Masi. Un escándalo tapado por el corporativismo”, sentenció.
Las denuncias contra Lezcano
El 23 de agosto de 2022 se presentó en la Cámara de Senadores la denuncia ante el Ministerio Público del agente fiscal Lorenzo Lezcano, la ex fiscala general del Estado Sandra Quiñónez y otros, por la supuesta comisión de hechos punibles de frustración de la persecución y ejecución penal con agravantes e inducción a un subordinado a un hecho punible.
En este escrito se señalaba como motivos que Lezcano no propició ni imputaciones ni allanamientos a los hoy reconocidos socios de Sebastián Marset, ni a Marset y sus propiedades y empresas cuando ya en el 2021 se contaban con videos de reuniones que mostraban las operaciones de narcotráfico de Paraguay a Europa, detallados ya en el operativo Smart.
Al respecto, se describe que la información llegó a través de la Dirección General de Represión contra el Tráfico Ilícito de Drogas del Uruguay que, vía correo electrónico, identificaba a Sebastián Enrique Marset Cabrera como jefe de una estructura criminal que operaría en el Paraguay.
Según la denuncia, el 4 de mayo de 2021 el jefe del Comando Tripartito (delegación paraguaya), subcomisario Fernando Ruiz Díaz, elevó nota al jefe del Departamento de Investigaciones de Ciudad del Este y por ese conducto al agente fiscal de turno de la Unidad Especializada contra el Crimen Organizado Lorenzo Lezcano, poniendo a su conocimiento un informe reservado recibido desde organismos de seguridad de Uruguay, sobre una estructura criminal presumiblemente dedicada al tráfico internacional de drogas, el lavado de dinero y otros delitos conexos.
En la misma misiva se sugirió la apertura de una causa penal para proseguir los actos investigativos bajo la dirección del Ministerio Público. En respuesta, el fiscal abre la causa Nº 3167/2021, caratulada “persona innominada s/ hecho punible a determinar”, en el mismo mes y año.
Si bien el objetivo original de la investigación era Sebastián Marset Cabrera, del cual en ese momento se manejaban informaciones de inteligencia que referían su vínculo con el narcotráfico y sus antecedentes, incluso de detención en un proceso por tráfico de drogas en la que fue condenado juntamente con el piloto paraguayo Juan Viveros Cartes (alias Papacho), los investigadores fueron presentando avances, entre los que se detallaron empresas, inmuebles, personas, registros fotográficos, producto de seguimientos y listado de diligencias sugeridas a la representación fiscal, entre otros elementos.
Tras las tareas investigativas, pudo identificarse a Gianina García Troche, Lindomar Reges Furtado, Alberto Koube Ayala, Federico Ezequiel Santoro Vasallo, Miguel Ángel Insfrán Galeano, entre otros.
Toda esta información, siempre sobre la denuncia, no propició acciones del fiscal Lorenzo Lezcano.
Esta causa no continuó su curso, y el Senado apartó de las responsabilidades a la fiscala general Sandra Quiñónez.
Responsabilidad en ataques por omisión
El escrito presentado por la entonces senadora Desirée Masi apunta que Lorenzo Lezcano al omitir acciones con la información que dice, la ex senadora —contaba el fiscal— sería responsable del ataque al fiscal Marcelo Pecci, ultimado en mayo de 2022.
En la causa relatan asimismo los hechos que se sucedieron en esa época, entre ellos el asesinato de Mauricio Schwartzman, a bordo de una camioneta propiedad del grupo Tapiracuai de Alberto Ayala Koube.
Lo que dice el escrito es que no existen evidencias de que Lorenzo Lezcano “haya traído a la vista el expediente N° 3167/2021 o compartido información relevante, que evidentemente daban un hilo conductor a la investigación y que podrían esclarecer bastante los hechos en esa ocasión”.
También se cita el atentado contra el subcomisario Fernando Ruiz Díaz en abril de 2022.
En febrero de 2022, se lleva a cabo la operación A Ultranza Py, en la que se apunta que “varios miembros de la organización se fugan del país, evidenciando que tenían un conocimiento de la causa”.
