La Cámara de Senadores ayer sancionó y remitió al Poder Ejecutivo el proyecto de ley “Que modifica los artículos 59 y 76 de la Ley Nº 4423/2011, Orgánica del Ministerio de la Defensa Pública”, presentado por el diputado Édgar Olmedo (ANR, HC). “El Ministerio de la Defensa pública cobrará sus servicios a los que puedan pagar. El monto irá a un fondo destinado a no se sabe qué fin”, cuestionó el senador Rafael Filizzola (PDP).
“Un abogado que es Defensor Público está con una ventaja porque tiene un sueldo ya permanente, entonces se va a generar o se puede generar un problema de competencia desleal con el resto de los abogados”, señaló el opositor.
“Pero en realidad lo que más me preocupa es que se puede generar una situación de privilegio porque, finalmente, ¿a quién se le va a atender mejor? Puede haber un sesgo, ¿a quién le va a defender mejor o a quién le va a destinar más tiempo el defensor público? ¿Al que puede pagar o al que no puede pagar?”, cuestionó el parlamentario.
Honorarios
Derlis Maidana (ANR, HC), presidente de la Comisión de Legislación, explicó que la propuesta busca permitir al Ministerio de la Defensa Pública “cobrar honorarios” a usuarios del fuero penal que cuenten con los medios económicos para contratar un abogado privado. Con ello, se pretende optimizar la administración de los recursos en beneficio de personas en situación de vulnerabilidad.
Sin embargo, Luis Pettengill (ANR, HC), presidente de la Comisión de Industria y Comercio, dijo que no establece criterios claros.
